Por Julio Antonio Fernández Estrada

Lo primero que hay que decir es que la república de Cuba se funda en la dignidad de sus ciudadanos, según el artículo 1 de la Constitución, por lo que desde el principio del magno texto cubano no se hace ninguna distinción entre personas más dignas que otras, porque todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas.

También debemos decir que Cuba basa sus relaciones internacionales en el principio de defensa y protección de los derechos humanos y repudia cualquier manifestación de racismo o discriminación, todo esto según el artículo 16 de la Constitución, por lo que es imposible que al interior del país respete otros principios.

En el Título V de la Carta Magna, llamado Derechos, Deberes y Garantías, se subraya en el art 40 que la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en este documento y en el resto de las leyes.

Es imposible que desde la dignidad humana se pueda sostener un argumento de discriminación o exclusión social o de un grupo de personas con reivindicaciones no contradictorias con ningún otro derecho humano.

La Constitución de 2019, es la primera en la historia de Cuba que consagra derechos humanos, esto es un hecho trascendental de avance entre nosotros y el elemento de mayor progreso de esta constitución en comparación con la anterior.

El Art 41 de esta nueva ley de leyes reconoce el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, además de su carácter progresivo y del respeto de la igualdad y la no discriminación.

Los derechos humanos que se protegen ahora en Cuba, o que al menos se declaran en la Constitución, son casi los mismos que los consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos menos algunos derechos políticos que no entraron en el más importante documento jurídico cubano.

Pero, ¿cómo se pueden ejercer?

El ejercicio de los derechos humanos depende mucho del régimen de garantías que se regule para ellos, mecanismos políticos, institucionales, sociales, jurídicos, procesales, que permitan defender derechos violados y proteger personas y grupos en peligro.

La mayor parte de las garantías a los derechos en Cuba sigue siendo social, es decir, el sistema socio económico ha creado desde 1959 garantías para que los derechos económicos, sociales y culturales se protejan realmente, sobre todo el acceso a estos derechos, como educación, salud, cultura, deporte, trabajo.

Esta Constitución de 2019, ha mejorado mucho su régimen de garantías jurídicas, ahora existe en la Carta Magna un Capítulo, el VI , que las contiene y se declara en el art 92 que las personas puedes acceder a los órganos judiciales para obtener tutela efectiva de sus derechos.

También se reconoce el derecho de las personas a resolver controversias utilizando métodos alternos, que suponemos que se trate de la mediación en conflictos.

Por primera vez la constitución sistematiza los elementos del debido proceso y los incluye en el art 94.

Así mismo se introduce en la constitución el procedimiento de Habeas Corpus para garantizar el derecho del que está privado de libertad ilegalmente y se consagra una especie de Habeas Data, o garantía de acceso de las personas a datos personales en registros, archivos, u otras bases de datos. Estas dos últimas garantías quedan recogidas en los art 96 y 97 de la constitución.

También se considera una garantía la incluida en el art 98 donde se regula que toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de sus funciones, tiene derecho a reclamar y obtener reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

Por último, la garantía a los derechos humanos más importante se recoge en el art 99 en el que se prevé la reclamación ante tribunales para la restitución de derechos violados por particulares o funcionarios del Estado.

Es la primera vez desde 1976 que existe en Cuba un procedimiento de defensa de los derechos humanos, una especie de Amparo, con los principios de preferencia de este proceso, de su carácter expedito y concentrado.

La única nube sobre esta garantía es el anuncio en el mismo art 99 de que la ley establecerá los derechos protegidos de esta forma, lo que significa que no serán todos los derechos humanos.

En el cronograma legislativo previsto por la misma Constitución de 2019, se regula en la Disposición Transitoria decimosegunda la aprobación de una ley que regule la garantía aparecida en el art 99, en un plazo de 18 meses contados desde el 10 de abril del año pasado, es decir antes del 10 de octubre de 2020.

Por último, el art 100 de la Constitución consagra el principio de irretroactividad que rige en todo el ordenamiento jurídico cubano, es decir, en todas las normas jurídicas del país. La única excepción a este principio es la posible aplicación retroactiva de la ley penal cuando esta sea favorable al reo penal, y del resto de las normas jurídicas cuando la aplicación retroactiva sea de interés social o utilidad pública.

La irretroactividad de las disposiciones jurídicas es muy importante como garantía porque permite a la población, a todos nosotros, estar seguros y seguras de cuál es el derecho que rige, porque esto permite saber que solo se aplicará la norma que exista antes de la relación jurídica donde participemos, y prohíbe que el derecho nuevo afecte relaciones jurídicas del pasado.

Se puede resumir que la única forma de saber cuáles son las reglas del juego jurídico de un país, es que el derecho sea escrito, público, y que rija este principio de irretroactividad de las leyes.

Restaría recordar que en Cuba la Fiscalía General de la República es el órgano facultado para la protección de los derechos ciudadanos por medio de la atención a la población en los niveles municipal, provincial y general.

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